Guerrero, identificado como el autor del disparo de una granada de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza del fotoperiodista Pablo Grillo durante la marcha de jubilados frente al Congreso, admitió haber efectuado el tiro, pero negó cualquier intención de herirlo, alegando que actuó conforme a los protocolos y en medio de un "ataque" de manifestantes.
Nacionales18/09/2025
La Mecha Encendida
En la causa que investiga la represión policial del 12 de marzo pasado, el cabo primero de Gendarmería Héctor Jesús Guerrero prestó declaración indagatoria este miércoles ante el Juzgado Federal Nº 1, a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría y el fiscal Eduardo Taiano.
El momento de la comparecencia en Comodoro Py generó una fuerte movilización social: jubilados, fotorreporteros, gremios y representantes políticos organizaron una "clase abierta" frente a los Tribunales Federales, con consignas de justicia para Grillo, quien aún se recupera de las graves secuelas del impacto. Fue durante esta instancia que fotógrafos y periodistas lograron capturar imágenes claras del rostro de Guerrero, revelándolo públicamente por primera vez de manera nítida. Hasta entonces, su identidad se basaba en análisis periciales de videos y fotos del día de los hechos, como el informe del sitio Mapa de la Policía, que lo señaló mediante su galón identificatorio y la trayectoria del proyectil.
Guerrero, de 38 años y perteneciente a la Unidad 6 de la Sección de Empleo Inmediato (SEI) de Gendarmería, con legajo 103208, relató en su declaración que el disparo se produjo en respuesta a agresiones con piedras por parte de los manifestantes. "Recibí cinco impactos en mi torso y otros 12 compañeros quedaron heridos", afirmó, justificando el uso del cartucho calibre 38 mm "CN" de gas lacrimógeno como una medida defensiva. Insistió en que "disparó como indican los manuales", con "mala visibilidad" y sin apuntar directamente a nadie, negando responsabilidad por las lesiones "graves y gravísimas" que obligaron a Grillo a someterse a una craneoplastía bilateral en el Hospital Ramos Mejía.
Sin embargo, pericias balísticas y reconstrucciones presentadas en la causa –incluyendo un informe de la División Balística de la Policía de la Ciudad– desmienten su versión: el tiro fue "horizontal y antirreglamentario", sin rebote y dirigido directamente hacia Grillo, quien en ese momento estaba de cuclillas tomando fotografías, "sin representar ningún tipo de peligro ni amenaza para terceros". El proyectil impactó en su cráneo a alta velocidad, poniendo en riesgo su vida y dejando secuelas neurológicas permanentes.
Fabián Grillo, padre del fotógrafo, participó en la manifestación y celebró el avance judicial: "El pueblo ya esclareció lo que sucedió mucho antes que la Justicia", declaró, destacando la evolución favorable de su hijo, quien ha recuperado autonomía en cuidados básicos tras meses de internación. Organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que impulsaron la indagatoria por tercera vez en julio, reiteraron su pedido de justicia y criticaron la demora en el proceso, que incluyó un allanamiento en agosto sin citación inmediata.
El incidente ocurrió en el marco de una represión masiva contra la protesta por el ajuste previsional, que dejó múltiples heridos, incluyendo al manifestante Jonathan Navarro, alcanzado por un rifle disuasivo Byrna TCR minutos después. Guerrero permanece imputado por "lesiones gravísimas" y uso indebido de arma, mientras la familia de Grillo y colectivos de prensa exigen no solo su procesamiento, sino también la responsabilidad de la cadena de mando, incluyendo al comandante Héctor Ferreira y al jefe del Comando Región I, Marcelo Fabián Porra Melconian
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La ministra de Seguridad fue denunciada penalmente ante el juez Ariel Lijo por presunto lavado de activos. La acusación detalla que la maniobra, por 20 millones de dólares, se habría realizado a través de su hijo y su socio mediante una conocida cadena de bares y confiterías.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el emblemático predio de Villa Martelli saldrá a licitación para su uso y explotación por un periodo de trescientos meses, argumentando que dejará de ser una "carga deficitaria" para el Estado Nacional.
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La multinacional canadiense Nutrien oficializó su salida de Argentina al vender su 50% de participación en Profertil, la principal productora de fertilizantes del país. La operación, valuada en 1.200 millones de dólares, fue concretada por un acuerdo entre la petrolera estatal YPF, Adecoagro S.A. y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).
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