Milei insiste con el ataque a la prensa: segunda denuncia contra Ari Lijalad

En esta ocasión presentó la segunda demanda contra Ari Lijalad, integrante del portal El Destape, a quien acusa de calumnias e injurias por una nota en la que se señalaban similitudes entre su discurso político y expresiones propias del nazismo. La decisión refuerza la confrontación abierta del mandatario con los medios de comunicación críticos, en un contexto de creciente preocupación por la libertad de expresión en la Argentina.

La denuncia de Milei sostiene que las afirmaciones publicadas por Lijalad lo vinculan con prácticas genocidas y lo colocan en un plano de descrédito público. Para el presidente, se trata de una imputación falsa que afecta su honor y su reputación, por lo que solicitó la intervención judicial. El escrito fue presentado en los tribunales federales y quedó registrado como parte de una serie de acciones que el mandatario ha impulsado en los últimos meses contra distintos comunicadores.

La reacción no se hizo esperar. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires expresó su repudio y advirtió que se trata de un intento de amedrentar a la prensa. Desde la oposición parlamentaria también hubo pronunciamientos, señalando que el recurso de acudir reiteradamente a la justicia contra periodistas críticos configura un patrón de hostigamiento que pone en riesgo el debate democrático.

La controversia se produce además en un marco legal particular. Desde 2009, las figuras penales de calumnias e injurias quedaron limitadas en casos vinculados a asuntos de interés público, precisamente para resguardar la labor periodística. En ese sentido, juristas advierten que difícilmente prospere una condena contra Lijalad, pero sí se genera un efecto de presión y desgaste sobre quienes investigan y publican información incómoda para el poder político.

No es la primera vez que Milei utiliza este camino. En lo que va de su gobierno ya presentó denuncias contra otros comunicadores, consolidando una estrategia que combina ataques públicos en redes sociales con demandas en los tribunales. La reiteración de estas acciones ha despertado críticas tanto dentro como fuera del país, donde organizaciones de derechos humanos advierten sobre el retroceso en materia de libertad de prensa.