Mientras los trabajadores de la industria electrónica continúan en alerta por la quita de aranceles a productos importados, se activó esta semana una nueva preocupación en la provincia de Tierra del Fuego. Se trata de una resolución vinculada a la Secretaría de Energía que apunta a la Ley de zonas frías. Fuentes del gobierno nacional, aseguraron que no alcanza a la isla, sino que afectaría a las localidades que fueron incorporadas a los cuadros tarifarios diferenciales del gas natural a través de una Ley del año 2021.
La Resolución 219/2025 actualiza los criterios para acceder al gas natural por red dentro del Régimen de Zona Fría Ampliada (Ley 27.637) con el objetivo de ordenar un régimen deficitario, que incluía usuarios de forma automática y sin control, para así profundizar en la focalización de subsidios únicamente para quienes los necesitan.
Desde el gobierno de Milei sostienen que “hasta el momento los usuarios dentro del régimen de Zona Fría Ampliada que cobran menos de 4 salarios mínimos y contaban con más de un medidor o suministro a su nombre, podían acceder al beneficio del 50% de descuento en todos ellos. Eso cambia para los 137.842 usuarios detectados en esa situación: a partir de esta Resolución, podrán acceder al subsidio del 50% en solo uno de sus suministros. En los restantes, se aplicará la bonificación general del 30%, prevista por ley”.
Ante la repercusión de la medida, voceros de la Secretaría que preside María Carmen Tettamanti explicaron que la resolución no afecta a la Patagonia que desde el año 2002 mantiene un régimen especial por ser provincias con climas extremos donde el consumo de gas es vital y elevado. Según señalaron, la medida impacta en usuarios a los que se les detectó multimedidores que están dentro de la ampliación que el Congreso hizo durante el gobierno de Alberto Fernández. Es decir, localidades de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y todo Mendoza.
Pero, pese a la aclaración la medida fue mal vista en todas las provincias de la Patagonia. De hecho, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, hizo declaraciones críticas a la prensa local: “Es una discusión política que tenemos que dar todos. Desde la mirada de un Estado nacional se debería acompañar las asimetrías de las regiones. No es lo mismo acompañar con el subsidio del gas a Tierra del Fuego, como al Chaqueño con la energía eléctrica. Se llenan la boca hablando del RIGI ¿Qué es? Son beneficios fiscales. Para los grandes extractivistas sí, pero para la población no”.
Por su parte, desde Mendoza, el legislador provincial José Luis Ramón -uno de los impulsores de la ley de ampliación cuando era diputado en el Congreso- advirtió que la medida “es la punta de lanza para que una vez que puedan modificar esto por resolución continuar metiéndose con el fideicomiso de la zona fría”.
“El gobierno intenta confundir, la ley de la zona fría no es un subsidio, sino que es un fideicomiso que se forma con el aporte que hacemos todos los usuarios de gas domiciliario en la Argentina”, indicó. Y agregó: “Con ese fondo se establece que todas las personas que estamos dentro de las zonas frías vamos a pagar un 30% y aquellas que están en situación de vulnerabilidad un 50%”.
En diálogo, anticipó que el miércoles presentará un escrito ante el juez federal de Mendoza para que dicte una cautelar contra una medida que el legislador califica de “inconstitucional”. “Lo que se sancionó con una ley tiene que cambiarse con otra ley y no con una resolución de una secretaria”, sostuvo.
Trabajadores continúan en alerta
El domingo, si bien los trabajadores metalúrgicos levantaron la medida de fuerza el viernes, continúan en la lucha. Esta semana, desarrollarán (el miércoles) un encuentro en la sede de la UOM nacional en Capital con todos los representantes de las provincias para poner sobre la mesa la situación de los trabajadores en todos los distritos. Allí, seguirán analizando el caso de Tierra del Fuego.
Además, se prepara una marcha de antorchas a la Plaza Almirante Brown de la ciudad de Río Grande, para el día viernes después de las 18 horas. El problema persiste porque los trabajadores no están de acuerdo con el plazo que cerraron sindicalistas y empresarios de continuidad laboral. El acuerdo rubricado por el Ministerio de Capital Humano establece como fecha el 31 de diciembre de este año y la creación de una mesa de trabajo. Además, las empresas se comprometieron a no efectuar despidos sin causa a cambio de que los trabajadores retomen sus tareas laborales.
