Salud anunció las nuevas medidas

Un informe del Celag muestra que el país quedó último en el ranking latinoamericano.

Una decisión judicial sin precedentes ordena a Vialidad Nacional (VN) a iniciar de inmediato las obras de reparación en los tramos críticos de la Ruta Nacional 40, respondiendo a una presentación formal del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien denunció el grave deterioro de la calzada que pone en riesgo la vida de los conductores.

La propuesta de Reforma Tributaria impulsada por el Gobierno de Luis Caputo planea desmantelar el Régimen Simplificado, forzando a casi 3 millones de trabajadores independientes a migrar al Régimen General.

Mediante un decreto, el Poder Ejecutivo restringe las revisiones obligatorias del Senasa y la Anmat sobre los productos que ingresan al país, priorizando la "celeridad" en las importaciones. La medida reduce las inspecciones antes de que la mercadería llegue a la venta, generando preocupación en torno a la seguridad alimentaria.

El fallo judicial en la provincia de Buenos Aires ordenó la liquidación total de la tradicional firma láctea Lácteos Conosur S.A., controlante de La Suipachense. La medida deja a más de 140 familias sin fuente de trabajo, agravando una situación social que se suma a la reciente quiebra de la también controlada ARSA.

Según el INDEC, el costo de la Canasta Básica Total (CBT) se aceleró en octubre, superando a la inflación general del mes. La canasta alimentaria, que marca el umbral de la indigencia, también registró un fuerte aumento, impactando directamente en la capacidad de compra de los hogares.

La iniciativa busca proteger a la industria textil y a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) argentinas de la "competencia desleal" de plataformas extranjeras, acusadas de destruir la producción nacional y el empleo local al eludir el comercio convencional.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) le quitó un inmueble histórico que había sido otorgado a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo en 2023. La medida, que forma parte de la política de optimización del patrimonio estatal, se basa en que la propiedad se encontraba desocupada desde hace aproximadamente una década.