La Mecha EncendidaLa justicia federal impuso una multa diaria de 100.000 pesos al Gobierno nacional por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución fue firmada este miércoles por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, quien hizo efectivo el apercibimiento que había dispuesto el 30 de septiembre.
La sanción busca que el Poder Ejecutivo cumpla con la orden judicial que exige aplicar las disposiciones de la Ley 27.795 relacionadas con la recomposición de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas y la actualización de los fondos destinados a las becas estudiantiles. El magistrado consideró que el Estado nacional no acreditó el cumplimiento total de la medida cautelar.
La multa, denominada astreinte, recae inicialmente sobre Diego Santilli, en su condición de jefe de Gabinete de la Nación, área vinculada con la administración general del país y la ejecución presupuestaria. El juez advirtió que tanto el monto como los funcionarios alcanzados podrían modificarse si el incumplimiento continúa.
La decisión judicial responde al reclamo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras instituciones universitarias para que el Gobierno aplique las disposiciones de la ley de financiamiento.
El conflicto se centra en la actualización de los salarios del personal docente y no docente y en la recomposición de los recursos destinados a las becas estudiantiles. Las universidades sostienen que esas obligaciones deben cumplirse de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.
El 22 de septiembre, Cormick había intimado al Poder Ejecutivo a cumplir con la medida cautelar en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de aplicar multas por cada jornada de demora. El 30 de septiembre, tras evaluar la respuesta oficial, el magistrado volvió a exigir su cumplimiento y mantuvo la advertencia de sanciones económicas.
Ante la falta de acreditación del cumplimiento total, el juez resolvió avanzar con la aplicación de las astreintes, fijadas inicialmente en $100.000 diarios.
La disputa judicial se desarrolla en paralelo al cuestionamiento del Gobierno nacional al mecanismo de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El Poder Ejecutivo había apelado decisiones previas vinculadas con la medida cautelar y con el decreto que condicionó la ejecución de la norma.
En ese marco, el 6 de octubre Cormick declaró la inconstitucionalidad de la disposición del Decreto 759/2025 que había condicionado la aplicación de la ley y ordenó su cumplimiento inmediato. La resolución fue dictada en primera instancia.
Con la nueva sanción, la Justicia busca hacer efectiva la medida cautelar mientras continúa la disputa por su cumplimiento. El monto de la multa podría incrementarse y la responsabilidad podría extenderse a otros funcionarios si el magistrado considera que persiste la desobediencia a la orden judicial.
