La Mecha EncendidaEl extenso conflicto judicial y gremial por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario sumó un capítulo determinante en los tribunales federales. El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, Martín Cormick, rechazó los argumentos del Poder Ejecutivo Nacional y lo intimó a dar estricto cumplimiento en un plazo de cinco días a la medida cautelar vigente que ordena la plena ejecución de la Ley 27.795. La resolución judicial incluye una advertencia explícita hacia la administración central: en caso de persistir el desacatamiento o registrase nuevas demoras en la liquidación de las partidas correspondientes, el tribunal comenzará a aplicar astreintes, consistentes en sanciones económicas y multas financieras diarias a cargo del Estado.
En forma paralela al dictamen del magistrado, el constitucionalista y representante legal del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Pablo Manili, recomendó públicamente a los docentes y nodocentes de todas las casas de altos estudios del país iniciar reclamos administrativos e individuales en la sede judicial para exigir el pago retroactivo de las diferencias salariales adeudadas. La estrategia legal busca consolidar miles de presentaciones particulares frente a la negativa oficial de recomponer los haberes. Manili cuestionó con dureza la postura de la Casa Rosada, que dio por cumplida la medida cautelar tras otorgar una suba unilateral, calificando dicha interpretación como "absolutamente falsa" por no ajustarse al espíritu normativo de la ley sancionada por el Congreso.
El núcleo de la controversia radica en la pronunciada brecha existente entre las pautas salariales reclamadas por las comunidades académicas y los aumentos liquidados hasta el momento por el Gobierno nacional. De acuerdo con las estimaciones técnicas elaboradas por las universidades públicas y los sindicatos del sector, el atraso salarial acumulado respecto a la evolución del índice inflacionario se ubica en torno al 31%. Frente a este diagnóstico, la última propuesta paritaria presentada por las autoridades del Ejecutivo consistió en un incremento marginal del 3%, una cifra que fue tajantemente rechazada por las representaciones gremiales al considerarla insuficiente para cubrir el desfasaje.
La tensión institucional y la parálisis presupuestaria derivaron en un endurecimiento del plan de lucha por parte del frente sindical e institucional universitario. En el marco del estado de alerta permanente, las federaciones docentes, las agrupaciones estudiantiles y las autoridades del CIN confirmaron la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo 15 de octubre. La movilización masiva hacia la Plaza de Mayo buscará visibilizar la gravedad de la crisis del sistema de educación superior, exigiendo la actualización de las partidas de funcionamiento, el sostenimiento de las becas estudiantiles y el restablecimiento inmediato del poder adquisitivo de las familias trabajadoras del sector.
