La Mecha EncendidaUn nuevo revés judicial sacudió el esquema legislativo del Gobierno nacional luego de que la jueza Laura Beatriz De Marinis, al frente del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, declarara la inconstitucionalidad de la baja de la edad de imputabilidad prevista en la Ley 27.801 del nuevo Régimen Penal Juvenil. La resolución judicial se dictó en el marco de una causa por tentativa de robo contra un adolescente de 14 años, disponiendo su sobreseimiento inmediato y la consecuente inoponibilidad del proceso penal sobre el menor.
El hecho que motivó la intervención del juzgado porteño ocurrió durante la tentativa de sustracción de un teléfono celular a un peatón en la vía pública por parte de un grupo de jóvenes. En su fallo, la magistrada fundamentó la decisión argumentando que el encarcelamiento o la incorporación temprana de menores al sistema punitivo violan principios y tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. De Marinis remarcó que la sanción penal para adolescentes debe constituir el último recurso del Estado y no la respuesta primaria ante situaciones de vulnerabilidad social y trayectorias complejas.
La sentencia judicial provocó un inmediato impacto político y cosechó duras réplicas por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional. A través de sus redes sociales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó enfáticamente la postura de la jueza al calificar la resolución de "garantista" y sostener que decisiones de esta índole generan impunidad y desprotección hacia las víctimas de delitos, reavivando el debate político sobre las políticas de seguridad y la minoridad.
El dictamen se suma a otros pronunciamientos de la justicia que ponen bajo la lupa la aplicabilidad y compatibilidad constitucional de las reformas penales juveniles impulsadas recientemente en el país. Mientras la defensa técnica del adolescente celebró el fallo al ponderar el interés superior del niño, desde los sectores judiciales y del Ministerio Público no se descarta la presentación de recursos de apelación para llevar la controversia sobre la validez del nuevo régimen legal ante instancias superiores.
