Avanzan en el Congreso casi treinta proyectos para auxiliar a familias endeudadas frente al bloqueo del oficialismo

La Cámara de Diputados de la Nación acumula 28 iniciativas parlamentarias destinadas a contener la creciente crisis de sobreendeudamiento de los hogares argentinos, un problema que según registros del Banco Central ya llevó los niveles de morosidad familiar al 12,8 por ciento.

Pese a las solicitudes de las bancadas opositoras, el debate permanece estancado debido a la falta de tratamiento en las comisiones técnicas controladas por La Libertad Avanza y sus aliados, quienes sostienen la postura de que los compromisos financieros constituyen un asunto estrictamente entre privados.

Frente a la inacción en el ámbito de las comisiones, legisladores de bloques como Unión por la Patria, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda intensificaron el trabajo técnico para unificar criterios. El objetivo central es acordar la letra de un proyecto de ley consensuado que establezca canales institucionales de representación y mediación extrajudicial para los morosos, apuntando tanto a quienes contrajeron compromisos con tarjetas de crédito bancarias como a los usuarios afectados por financieras digitales, instrumentos no bancarios o créditos informales.

Para esquivar la comisión de Presupuesto que encabeza el oficialismo, los autores de las propuestas aclararon que las herramientas planteadas no exigirán partidas fiscales adicionales ni la creación de nuevos tribunales. La estrategia se enfoca en habilitar mecanismos de mediación gestionados por la Secretaría de Comercio para revisar cómo fueron constituidas los pasivos y establecer esquemas de renegociación, tomando como referencia internacional experiencias de reestructuración masiva implementadas en la región.
El incremento de la mora se agudizó tras las medidas de desregulación en las tasas de interés y el encarecimiento de los gastos fijos del hogar. Ante la falta de avances en las comisiones permanentes, las bancadas opositoras anticiparon que buscarán un emplazamiento directo en el recinto mediante un apartamiento del reglamento en la próxima sesión legislativa, con la intención de forzar el tratamiento formal de un marco de emergencia crediticia.