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El Gobierno oficializó la licitación pública para la privatización del Belgrano Cargas por cincuenta años

A través de la Resolución 1350/2026 dictada por el Ministerio de Economía, el Poder Ejecutivo puso en marcha el proceso de concesión de más de siete mil kilómetros de vías operados por las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

La administración nacional avanzó formalmente en el programa de privatización del transporte ferroviario de cargasa al oficializar el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión por un plazo de 50 años de la red que integra a Belgrano Cargas y Logística S.A. La medida, rubricada por el ministro de Economía Luis Caputo, contempla la transferencia al sector privado de 7.594 kilómetros de traza distribuidos en 16 provincias, los cuales vinculan a los principales polos productivos del país con los nodos portuarios y con los pasos fronterizos hacia Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

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El modelo regulatorio diseñado para las tres líneas operará bajo un esquema de acceso abierto que permitirá la convivencia de múltiples operadores sobre las mismas vías, reservando la infraestructura a concesionarios encargados de la gestión y el mantenimiento mediante el cobro de peaje. Asimismo, el proceso estipula la asignación de talleres de reparación y el remate público del parque del material rodante existente, cuyos fondos recaudados se destinarán a un fideicomiso específico orientado al financiamiento exclusivo de obras de renovación sobre los rieles.

Para incentivar la llegada de inversiones privadas en la recuperación de la infraestructura, la normativa exige el cumplimiento de Planes de Inversiones Obligatorias e incorpora los beneficios fiscales y normativos contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para aquellos grupos empresarios que comprometan desembolsos superiores a los 200 millones de dólares. A su vez, el pliego licitatorio establece restricciones para la participación directa de firmas bajo control mayoritario de Estados extranjeros.

Desde la cartera económica argumentaron que el traspaso busca resolver la falta de competitividad y el deterioro acumulado durante décadas de gestión estatal, señalando la brecha existente entre el crecimiento de la producción agropecuaria y la caída del volumen transportado por tren. Con la publicación del pliego y la posterior liquidación de la empresa estatal, el Gobierno busca reemplazar la asistencia presupuestaria por capital privado que asuma los riesgos operativos del sistema logístico.

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