Las universidades nacionales inician una medida de fuerza de cinco días por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento
Las federaciones docentes de las universidades nacionales de todo el país inician desde este martes un paro de actividades que se extenderá hasta el próximo sábado. La medida de fuerza responde al continuo deterioro de los ingresos del sector y al incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de la Ley de Financiamiento Universitario, norma ratificada previamente en el ámbito judicial que regula los presupuestos de funcionamiento y la pauta de actualización salarial de los trabajadores académicos y no docentes.

Desde la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral (ADUL) señalaron que el retraso en los haberes de la docencia universitaria ya alcanza un desfase cercano al treinta por ciento frente a los índices inflacionarios. El referente gremial Oscar Vallejos denunció la falta de avances en las negociaciones paritarias y cuestionó la postura del Gobierno nacional tras registrarse meses consecutivos sin incrementos salariales para las categorías docentes y preuniversitarias, situación que profundiza la pérdida del poder adquisitivo.
La medida de fuerza afectará el desarrollo regular del cuatrimestre académico y las mesas de exámenes en las distintas facultades y escuelas secundarias dependientes de las casas de altos estudios.
No obstante, las representaciones sindicales aclararon que la adhesión a la huelga es voluntaria y que cada equipo de cátedra coordinará modalidades de contención e instancias de visibilización para aminorar el impacto pedagógico sobre la trayectoria de los estudiantes durante las jornadas de protesta.
El frente sindical universitario exige que el Estado nacional transfiera los recursos contemplados en los artículos clave de la legislación vigente para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de educación superior y de ciencia. Mientras el conflicto salarial se agudiza, las dirigencias gremiales ratificaron que continuarán combinando las acciones de protesta en las aulas y en las calles con presentaciones judiciales para forzar la efectiva liquidación de las partidas presupuestarias comprometidas.
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