La Mecha EncendidaUn nuevo frente de conflicto político y judicial se abrió en el Congreso de la Nación en torno a la gestión del mantenimiento de la ainfraestructura vial.
Legisladores de la oposición avanzan con iniciativas para citar a interpelación al ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de que brinde explicaciones sobre el destino de los recursos que el Estado nacional percibe a través del tributo a las naftas y el gasoil, asignados por ley al Sistema Vial Integrado (Sisvial).
La controversia cobró impulso luego de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, reconociera públicamente que la mayor parte de esos ingresos tributarios no se está orientando a la reparación ni a la conservación de la red de carreteras, sino que es utilizada para cubrir la meta de equilibrio fiscal del Poder Ejecutivo.
Ante estas declaraciones, la bancada de Unión por la Patria, con el respaldo de la diputada Marina Salzmann, cuestionó el mecanismo empleado por la administración central y señaló que el desvío de partidas contraviene las normativas vigentes que regulan el destino específico de esos fondos.
En el marco de la presentación legislativa, los bloques opositores advirtieron sobre el impacto que genera el freno en la ejecución de obras públicas y la paralización del mantenimiento en los corredores nacionales. Además de la solicitud de interpelación en la Cámara de Diputados, la asignación de estas partidas originó denuncias en la sede judicial por presunta malversación de caudales públicos, calculando en más de un billón de pesos el monto total involucrado que debió destinarse a la recuperación de las calzadas en todo el territorio argentino.
El reclamo parlamentario busca forzar la concurrencia del titular del Palacio de Hacienda para que exponga el criterio presupuestario aplicado sobre los tributos con asignación específica. Mientras el Gobierno defiende el uso de las partidas bajo el argumento de la disciplina fiscal, sectores legislativos sostienen que la falta de inversión en la red vial genera un deterioro en la seguridad del transporte y en las condiciones logísticas del país que no puede ser justificado mediante la retención de los ingresos específicos del sector.
