A su vez, advierten a los legisladores sobre el enorme costo político y federal de aprobar este paquete, ya que implica una renuncia estructural de las provincias a sus ingresos impositivos (Ingresos Brutos y Sellos) y desfinancia el sistema previsional, sin generar compensaciones ni fuentes de trabajo masivas.
En este sentido, Micaela Sánchez Malcolm de la organización Géneras, declaró que “la imagen es precisa y alarmante: primero se entrega la tierra, el agua, la energía y los datos; y en simultáneo se le vendan los ojos a las instancias que deberían vigilar. La Ley de Sociedades borra el rastro de quién compra, y el Súper RIGI blinda el negocio por tres décadas. No son reformas aisladas, es una arquitectura diseñada para el saqueo».
Por su parte, Luciana Ghiotto (Transnational Institute) sostuvo que «el senador que apruebe esto estará cediendo la jurisdicción de su propia provincia por treinta años y convalidando una doble delegación inconstitucional. Las Provincias y el Estado Nacional tendrán las manos atadas para hacer cumplir regulaciones laborales, medioambientales o de derechos humanos en general, porque el Súper RIGI otorga 30 años de estabilidad regulatoria para las corporaciones que entren al régimen. Cualquier cambio en la legislación puede provocar una avalancha de demandas multimillonarias en el CIADI”.
En tanto, Lucas Micheloud (AAdeAA) consideró que la “la reforma a la ley de tierras forma parte de un programa de remate de la Argentina, junto al Super RIGI, la modificación a la Ley de Sociedades y el resto de las iniciativas de desregulación diseñadas para remover los límites que protegen nuestros territorios y allanar el camino a los nuevos poderes globales: grandes fondos de inversión, corporaciones extractivas y magnates tecnológicos como Peter Thiel o Elon Musk. En plena crisis climática y disputa geopolítica por la tierra, el agua y la energía, renunciar a quién controla la tierra es renunciar a la soberanía y legitimar una nueva forma de colonialismo en el siglo XXI”.
Ernesto Alonso secretario de DDHH del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata manifestó: «Existe una contradicción insalvable, no podemos defender la soberanía de los territorios usurpados por Gran Bretaña en el Atlántico Sur y promover una ley de entrega del territorio continental. Milei está llevando a cabo un plan sistemático de entrega para dejar a los 48 millones de argentinos mirando con la ñata contra el vidrio como se desintegra el territorio nacional. La justicia nos dio la razón, es inconstitucional. La soberanía es un bien tutelable».
Florencia Gómez, del CEPPAS, dijo: “La derogación de la Ley de Tierras es una pieza vital del engranaje normativo que impulsa el gobierno, basado en quita de derechos y pérdida de soberanía. Derogarla, además, implica perder los datos dominiales y catastrales sobre la tierra, el control sobre activos estratégicos y favorecer la opacidad de las operaciones financieras sobre la tierra. Reniegan de cualquier forma de participación ciudadana y política de transparencia”.
Las organizaciones convocaron a la ciudadanía a sumarse a la movilización nacional frente al Congreso el próximo 6 de agosto, día en que se tratará el proyecto, y exigen a los senadores el rechazo de plano y en todos sus términos tanto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada como del Súper RIGI. «Rechazar uno y aprobar el otro dejaría la cerradura a medio cerrar: la fuerza de la defensa nacional está en rechazar los dos», concluye el documento.
