El deterioro de la red vial nacional genera alerta por posibles demoras en el suministro de combustibles

La falta de mantenimiento e inversión en la infraestructura vial argentina ha comenzado a encender alarmas en la cadena de distribución de combustibles. La preocupación por el deterioro progresivo de las rutas nacionales llegó al Congreso de la Nación a través de dos iniciativas parlamentarias impulsadas por el diputado nacional Diego Giuliano, exministro de Transporte, quien advirtió que las deficiencias en el pavimento y la paralización de obras afectan de forma directa el traslado de refinados desde las plantas de almacenamiento hacia las estaciones de servicio de todo el país.

El abastecimiento diario de gasoil y naftas depende en forma exclusiva de una extensa red logística operada por miles de camiones cisterna. Estos vehículos recorren diariamente corredores estratégicos para garantizar que las estaciones de servicio mantengan sus tanques con stock suficiente para responder a la demanda de los usuarios urbanos y del transporte de carga. Sin embargo, las deformaciones en la calzada, los baches y las restricciones temporales de circulación incrementan los tiempos de viaje, elevan el desgaste de las unidades y encarecen significativamente los costos operativos de las empresas de transporte de cargas peligrosas.

La problemática adquiere un carácter aun más crítico en el interior del país y durante los períodos de mayor actividad agropecuaria. En las épocas de cosecha y siembra, el flujo de camiones no solo atiende a las bocas de expendio locales, sino que también traslada combustible de forma directa a establecimientos rurales, maquinaria agrícola y plantas de acopio. En este contexto, cualquier falla o interrupción en las rutas principales y secundarias pone en riesgo la fluidez de la logística del campo, un pilar esencial para la economía nacional que requiere certezas en los plazos de entrega del gasoil.

Frente a este escenario, las propuestas legislativas buscan declarar la emergencia vial en la red nacional por el plazo de un año, garantizando la reactivación de obras de conservación detenidas y reforzando los fondos destinados a la Dirección Nacional de Vialidad. Asimismo, el planteo cuestiona el esquema de concesiones viales impulsado por el Gobierno, señalando que más de treinta mil kilómetros de la red de carreteras quedarían excluidos de dichos contratos, dejando la responsabilidad de su mantenimiento únicamente en manos de una inversión pública que actualmente se encuentra retraída.

Representantes del sector de expendedores y especialistas en transporte coinciden en que la infraestructura vial constituye un elemento clave para la competitividad del comercio y la seguridad en la circulación. La postergación de los trabajos de repavimentación y la falta de señalización adecuada no solo elevan los riesgos de siniestralidad para las unidades que trasladan sustancias peligrosas, sino que también generan cuellos de botella en corredores clave, obligando a reconfigurar constantemente las rutas de suministro para evitar desabastecimientos puntuales en estaciones de servicio alejadas de los centros urbanos.