La Mecha EncendidaEl Poder Ejecutivo nacional oficializó a través del Ente Nacional de Comunicaciones la puesta en marcha de un programa destinado a brindar conectividad satelital a seis mil escuelas rurales del país, en el marco de una articulación presentada originalmente como un compromiso de donación por parte de la empresa estadounidense Starlink. Durante su intervención en la Exposición Rural de Palermo, el presidente Javier Milei había anticipado que la compañía fundada por Elon Musk donaría seis mil equipos receptores junto a dos años de servicio de alta velocidad con acceso prioritario de hasta cinco terabytes mensuales. Sin embargo, la posterior publicación de la Resolución Sintetizada 663/2026 en el Boletín Oficial dejó al descubierto una estructura financiera que compromete fondos estatales por un total de 21,87 millones de dólares.
El documento emitido por la autoridad de aplicación aprueba el proyecto específico dentro del Programa Conectividad de Interés Público y dispone la asignación de los recursos provenientes del Fondo del Servicio Universal, una caja fiduciaria conformada por el aporte obligatorio del uno por ciento de los ingresos de todas las empresas del sector de las telecomunicaciones. Según el esquema detallado en la normativa, la firma Starlink formaliza una "donación con cargo" por un valor de 9,97 millones de dólares destinada a cubrir las antenas y el abono inicial por 24 meses, mientras que el Estado nacional debe aportar los restantes 11,89 millones de dólares provenientes del propio fondo para solventar costos de instalación, logística, soporte técnico, desarrollo de software de monitoreo y la extensión del servicio por un tercer año.
La formalización de este acuerdo único con un proveedor extranjero reavivó de inmediato el debate entre analistas, cooperativas de servicios públicos y pequeños operadores de internet de todo el territorio nacional. Diversos especialistas señalan que la suma total comprometida en la resolución gubernamental equivale a la financiación de más de 145 proyectos de conectividad de escala local bajo los topes máximos que permitía la legislación previa, establecidos en 150 mil dólares por iniciativa. Esos programas descentralizados solían destinarse al despliegue de redes de fibra óptica y tendidos comunitarios operados por PyMEs e instituciones regionales.
Desde la perspectiva de los actores del mercado interno, la adjudicación directa de este volumen de dinero a una corporación internacional no solo altera los criterios históricos de distribución del Fondo del Servicio Universal —diseñado originalmente para reducir la brecha digital fomentando la infraestructura nacional—, sino que además genera un antecedente cuestionado en términos de competencia. Mientras las autoridades defienden la inmediatez y alcance territorial que ofrece la tecnología satelital para zonas aisladas o de difícil acceso, sectores técnicos de la industria analizan los alcances de la resolución 663 y advierten sobre el impacto que este esquema centralizado tendrá en el desarrollo de la oferta local de telecomunicaciones.
