Martín OrellanoEn el marco de los juicios que buscan dirimir la responsabilidad penal sobre los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe fue escenario de la jornada de alegatos en el juicio conocido como Causa Laguna Paiva II.
El proceso judicial investiga hechos ocurridos a partir de marzo de 1976 y sienta en el banquillo de los acusados a tres exintegrantes de la policía provincial, junto al exsecretario judicial Víctor Hermes Brusa, por delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de treinta y cuatro víctimas pertenecientes a distintas familias de la región.
El eje central de este tramo del juzgamiento está puesto en el secuestro ilegal de los adultos y la subsecuente situación en la que quedaron seis niños de corta edad, quienes resultaron abandonados tras la detención clandestina de sus padres. La gravedad de estas acciones concentró la atención de los querellantes y de los colectivos de derechos humanos, quienes señalan la importancia de visibilizar la persecución sistemática que impactó a núcleos familiares enteros durante el terrorismo de Estado.
Durante el desarrollo de la audiencia de alegatos el pasado 23 de julio, las inmediaciones del tribunal santafesino contaron con una destacada presencia militante e institucional. Organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de las víctimas llevaron adelante una radio abierta para acompañar las exposiciones de las partes y ratificar la exigencia de juzgamiento a los responsables.
A la jornada se sumó la participación de la Asociación Mutual de Trabajadores Municipales (AMFESTRAM), cuyos representantes expresaron su acompañamiento a los afectados y manifestaron el compromiso del sector social con el proceso judicial.
Desde las organizaciones intervinientes destacaron que, a pesar del tiempo transcurrido desde la comisión de los delitos, la sustanciación de estos juicios resulta indispensable para el esclarecimiento de los hechos. En esa línea, reafirmaron que la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia debe consolidarse como una política de Estado irrenunciable para el conjunto de las instituciones y la sociedad.
