La Mecha EncendidaEl viaje del presidente Javier Milei a la ciudad de San Pablo derivó en una severa derivación judicial tras ser denunciado penalmente ante los tribunales federales por presunta malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La presentación, efectuada por los abogados José Magioncalda y Juan Martín Fazio, cuestiona en términos jurídicos el financiamiento estatal de un desplazamiento que consideran de carácter estrictamente partidario y personal. Según la denuncia, el jefe de Estado utilizó la aeronave presidencial, comitiva oficial y erogaciones del erario público para asistir a la convención del Partido Liberal, donde respaldó de forma explícita la precandidatura del senador Flávio Bolsonaro y cuestionó con dureza a las instituciones constitucionales del país vecino.
Los letrados denunciantes argumentan que la conducta del mandatario implicó una clara desnaturalización de los recursos que la Ley de Presupuesto asigna específicamente para la representación exterior de la República Argentina. En la presentación se enfatiza que los fondos públicos fueron desviados para satisfacer intereses de una parcialidad política extranjera en pleno contexto electoral, lo que no solo vulneró la normativa patrimonial interna, sino que generó un grave perjuicio diplomático en las relaciones bilaterales con Brasil. Asimismo, la presentación señala que el accionar presidencial quebrantó el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados, un precepto contemplado explícitamente en la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU.
La acusación pone un foco central en el contenido del discurso que el Presidente pronunció ante la militancia bolsonarista en territorio paulista. Durante el acto, Milei dirigió agravios directos contra el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó públicamente de "presidiario", al tiempo que arremetió contra el Poder Judicial de ese país tildando de "basura calva" a Alexandre de Moraes, magistrado del Supremo Tribunal Federal. Para los impulsores de la causa, estas declaraciones vertidas en un evento de la oposición evidencian que el viaje carecía de todo propósito de agenda de Estado, encuadrando los hechos en los artículos 260 y 248 del Código Penal, relativos al uso indebido de caudales y la inobservancia de los deberes del cargo.
Como parte de las medidas de prueba solicitadas a la Justicia, la denuncia requiere que se libre un oficio urgente a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Casa Militar con el objeto de recabar la totalidad de la documentación vinculada al viaje a San Pablo. Esto incluye la nómina completa de la comitiva oficial, las órdenes de vuelo de la flota presidencial, el desglose detallado de los viáticos otorgados y las facturaciones operativas derivadas del traslado. Los abogados peticionaron además que, una vez incorporados todos los elementos probatorios y acreditado el desvío de fondos, se cite al presidente Javier Milei a prestar declaración indagatoria en calidad de imputado.
