Ordenamiento aéreo urbano en la ciudad de Santa Fe

La saturación de las redes de infraestructura aérea en los centros urbanos constituye un desafío crítico para la seguridad pública, la preservación del patrimonio y la calidad del paisaje urbano.

Frente a un marco normativo anacrónico que data de fines de la década de dos mil noventa, la Municipalidad de Santa Fe formalizó el envío de dos mensajes clave al Concejo Municipal orientados a revertir la proliferación descontrolada de tendidos que afecta a la capital provincial.

La iniciativa gubernamental se asienta sobre una premisa de realismo técnico y operativo: resulta fácticamente imposible decretar un soterramiento inmediato de los servicios sin antes atravesar un proceso riguroso de auditoría, catalogación y limpieza de las estructuras preexistentes. A través de este enfoque gradual, la administración local busca compaginar la exigencia ciudadana de disminuir la polución visual con las capacidades de inversión real de las empresas prestatarias de telecomunicaciones y energía.

El andamiaje del proyecto madre propone la creación de un régimen transitorio que suspende por el término de noventa días prorrogables el otorgamiento de nuevos permisos para tendidos aéreos, exceptuando únicamente las tareas esenciales de mantenimiento, recambio y contingencias de urgencia.

A partir de allí, el plan ejecutivo estipula un cronograma de cuarenta y ocho meses articulado en tres fases consecutivas que abarcan la identificación mediante un catastro unificado, el retiro definitivo del cableado en desuso —comportamiento que ya tuvo una experiencia piloto en el área peatonal— y la compactación de las redes activas. Para gestionar la complejidad del entramado corporativo y normativo, se contempla la conformación de una Mesa Municipal de Abordaje de Tendidos que funcionará como el órgano de concertación política y técnica donde se definirán las zonas prioritarias de intervención, con especial énfasis en el microcentro y los corredores de alto tránsito.

En paralelo, el Ejecutivo solicitó un tratamiento de excepción diferenciado para resguardar la infraestructura vinculada a la seguridad comunitaria y el ordenamiento vial, tales como los dispositivos de videovigilancia y las redes de semaforización.

Esta distinción estratégica procura dotar de un marco de legalidad urgente a servicios públicos críticos que operan de manera continua, evitando vacíos legales que comprometan el control estatal sobre el espacio público. Al estructurar la ordenanza a partir de un Registro Único de Infraestructura Aérea de Telecomunicaciones y Energía y un estricto régimen sancionatorio, el proyecto intenta clausurar una larga etapa de desregulación fáctica en el uso del espacio aéreo santafesino.

El éxito de la reforma legislativa dependerá de la capacidad estatal para sostener el poder de policía frente a los intereses corporativos en un escenario macroeconómico complejo que condiciona la inversión en obra civil subterránea.