La Mecha EncendidaEl conflicto en el Hospital Garrahan continúa. Tras meses de paros y medidas de fuerza para reclamar mejoras salariales, trabajadores y trabajadoras decidieron este viernes tomar las oficinas de la dirección en repudio a los descuentos en sus sueldos a quienes hicieron uso de su derecho a huelga.
Desde el mediodía, personal nucleado en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y en la junta interna de ATE resolvieron una permanencia pacífica en las oficinas del Consejo de Administración y reclamaron la presencia de Mariano Pirozzo, director designado por el ministro Mario Lugones como virtual interventor del hospital.
“Los directivos resolvieron descuentos brutales, de hasta 500 mil pesos, por ejercer el derecho a huelga a trabajadoras que no llegan a fin de mes, que son madres solteras, que no pueden pagar el alquiler. Mientras ellos usufructúan millones de pesos para sus ingresos. Contratan asesores por más de tres millones de pesos y hambrean al personal”, contrastó Alejandro Lipcovich, secretario general ATE.
“La crisis del Garrahan no solo está lejos de resolverse, sino que se profundiza. Exigimos que nos reciban y den marcha atrás con los descuentos criminales”, reclamó.
Por su parte Norma Lezana, referente de APyT, expresó: “Estamos pidiendo que venga Pirozzo y vamos a hacer permanencia hasta que devuelvan la plata que se quedaron del sueldo de los trabajadores. No nos vamos a ir hasta que vengan las autoridades y depositen los fondos”.
La línea de Lugones
El hospital también informó sobre la situación de toma. Con el tono habitual que tienen los comunicados desde que el área de prensa responde a Lugones, el mensaje se titula –en mayúsculas-: “Sindicalistas y la izquierda violenta tomaron las oficinas de la dirección del hospital”.
El comunicado apuntó contra ATE y APyT, acusó a quienes participaron de la protesta de tomar al personal “como rehén” y de estar “interrumpiendo el funcionamiento institucional. Se trata de un accionar violento y extorsivo, absolutamente inadmisible”.
“El accionar violento surge porque el Consejo de Administración aplicó descuentos por días no trabajados durante los paros recientes, cumpliendo la normativa vigente y la política de presentismo que rige para todo el personal. La reacción de los gremios deja en evidencia que no se trata de una reivindicación laboral legítima, sino de una maniobra política con el objetivo de paralizar la gestión”, acusaron.
«Desde el Ministerio de Salud de la Nación respaldamos a las autoridades del hospital, que actuaron conforme a la normativa vigente y en defensa del funcionamiento de la institución», publicó la cartera de Lugones en redes sociales.
Una ley peleada
“No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Descuentos de hasta $500.000 a enfermeras, también le fueron aplicados a instrumentadoras, maestras y técnicos que no llegan a fin de mes. El país reconoce nuestro justo reclamo salarial, mientras tanto el gobierno de Milei no solo lo desconoce, sino que nos sigue provocando metiéndose con la comida de nuestras familias”, sostuvo Lipcovich.
“El interventor Pirozzo, que viene de ejecutar 200 despidos en el Bonaparte, vino a nuestro hospital a profundizar aún más el plan motosierra contra la salud. No tienen vergüenza: mientras tenemos trabajadores que cobran $800.000 de salario, Pirozzo nombra asesores a dedo que cobran $3.500.000, que tienen por única función la destrucción de hospital pediátrico más importante del país en nombre de ‘modernizar’ el hospital”, agregó.
Gerardo Oroz, delegado adjunto de ATE, remarcó: “Tenemos una ley sancionada, que fue votada favorablemente cuatro veces. Se tiene que cumplir. Sabemos que el único camino que nos llevó a su sanción fue la lucha y la movilización, por eso convocamos a Asamblea para discutir el plan de lucha que al aumento salarial que estipula la Ley le suma la devolución de todos los descuentos. Pirozzo, los consejeros y el ministro de salud Lugones se tienen que ir ya”.
El Gobierno modificó el Presupuesto de este año para aumentar los recursos asignados al Ministerio de Salud. Especialmente los destinados a hospitales nacionales y salarios del personal, sobre todo en el ámbito pediátrico. La cifra determinada por el Poder Ejecutivo equivale a menos de un 30% de lo que exige la inversión fijada en la Ley de Emergencia Pediátrica.
“La decisión de desfinanciar el Garrahan siempre fue política, no financiera. Mintió el secretario (de Hacienda) Carlos Guberman en la reunión de Presupuesto, mintió (el jefe de Gabinete) Guillermo Francos al suspender en forma ilegal la Ley. Hoy reacomodan las partidas y la ley Garrahan comienza a aplicarse”, escribió en su cuenta de X el diputado nacional por Tucumán de Unión por la Patria, Pablo Yedlin.
