Sancionaron la ley de etiquetado frontal de alimentos,

La ley se aprobó con 200 votos, 22 negativos y 16 abstenciones. Hubo respaldo pleno del oficialismo, incluso de diputados de las provincias azucareras como Tucumán, pero también de la mayoría del interbloque Cambiemos. Sólo una parte lo rechazó por considerar que los parámetros son muy exigentes, provocará un cierre de pymes alimenticias y una baja de las exportaciones.

Además, cuestionan el plazo de seis meses para adaptarse que tendrán las empresas, que se extenderá a dos para las pymes y el presidente podrá prorrogarlo en todos los casos con una demora de hasta 90 días en la reglamentación. Además, la ley lo faculta a estirarlo un tiempo más si así lo considera.

El lobby industrial estuvo cerca de salirse con la suya: el proyecto comenzó a debatirse y fue aprobado en el Senado el año pasado, tuvo las primeras audiencias en Diputados y si no se sancionaba antes del 30 de noviembre perdía estado parlamentario y había que empezar de nuevo.

La demora tuvo también un guiño del Gobierno, que se expresó en contra a través de la cancillería hace un año, en el primer plenario de Diputados, con el argumento que complicaba la presidencia pro tempore del Mercosur.

Así lo expuso el entonces secretario de relaciones económicas internacionales Jorge Neme y su voz se hizo sentir: el dictamen recién llegó el 13 de julio, cuando Argentina ya no presidía el bloque regional.

La campaña electoral congeló la actividad parlamentaria pero se retomó este martes con el etiquetado frontal en primer término, después de una intensa presión de las diputadas del oficialismo que la promovían como Cecilia Moreau y Florencia Lampreabe. La ministra de Salud Carla Vizzotti celebró desde los palcos juntos a las asociaciones de alimentación saludable, que también siguieron la sesión en las afueras del Congreso.

“En Argentina se consumen 150 gramos por día de azúcares, el triple de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Somos el primero de la región y el cuarto del mundo. Nunca en la historia de la humanidad debemos haber estado tan lejos de saber que son de donde salen los alimentos que comemos”, se alarmó Lampreabe, oradora final.

El proyecto obliga que los alimentos y bebidas analcohólicas informen sus nutrientes críticos con una etiqueta octogonal, de color negro y letras blancas, que ocupe al menos el 5% del tamaño del envase. Su visibilidad alentará al consumidor a elegir alternativas saludables y a las empresas a revisar su producción.

Se entiende por nutrientes críticos los “excesos” en azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, causales de la mayoría de las enfermedades evitables, surgidas por patologías como sobrepeso y diabetes.

Las empresas tendrán entre 1 y 2 años para adaptarse, pero Alberto podrá extenderlo.

Los edulcorantes y la cafeína deben informarse y aclarar que no es recomendable para niños, niñas y adolescentes, mientras que los productos que tienen un sólo sello de advertencia no podrán ser proveedores del Estado o venderse en entornos escolares. Serán exceptuados de colocar un sello la azúcar común, aceites vegetales, frutos secos y sal común de mesa.

Los parámetros para definir cuando se alcanza la condición de nutriente crítico son los determinados por la Organización Panamericana de la Salud, que para algunos diputados no están del todo claros y por eso votaron en contra del artículo 4, que así lo determina.

La principal duda es que la OPS se refiere a los alimentos procesados y ultraprocesados y la ley no deja claro que pasa con los demás. Lampreabe, en su cierre, garantizó que no tendrán etiqueta los alimentos naturales, los mínimamente procesados, los ingredientes de cocina, la yerba mate y leche de fórmula.

Los yerbateros pusieron el grito en el cielo cuando creyeron que podían ser alcanzados. El misionero Luis Pastori, de la UCR, fue uno de los que llevó esa voz al recinto y obligó a la aclaración.

Otro aspecto rechazado por un sector de la oposición es la prohibición de publicidad dirigida a niños de los productos que tengan al menos un sello de calidad. El resto podrá seguir apareciendo en la TV pero sin destacar valores positivos que intenten eclipsar las falencias nutricionales.

“Eso es una censura”, denunció Carmen Polledo, del PRO, una de las voceras del pequeño grupo que votó en contra. “Nos hicieron elegir entre obesidad y octógonos. Estamos de acuerdo en informar en los envases. Pero somos exportadores de alimentos, no importadores como los países del pacífico. Argentina no produce basura ni veneno”.

Su par del PRO Alejandro García advirtió sobre posibles despidos y cierres en las 15 mil fábricas de alimentos, el 97% pymes, con presencia en todas las provincias.

Pero la mayoría de la oposición no lo vio así. “En Chile el etiquetado se aprobó en 2016 y en 2020 la industria reformuló los alimentos que vende. No se perdieron empleos. Fue ganar y ganar”, aportó Brenda Austin, de la UCR, que pelea por esta ley desde que Macri era Gobierno.

Explicó que los ingredientes a tamaño lupa que tienen hoy los productos sólo son vistos por un tercio de los consumidores y la mitad no entiende lo que leyó. Algo similar dijo Gisela Scaglia, del PRO, otra histórica promotora del etiquetado.

“Hoy las etiquetas son algo similar a un jeroglífico: tipografía pequeña casi ilegible. El diseño general del envase parece hecho para que uno nunca encuentre dónde está la información nutricional. Este rotulado va en contra de nuestro derecho constitucional a la salud y al acceso a la información”.

La grieta se coló de a ratos en la sesión. “Sería bueno que si están preocupados por el hambre hablen con Larreta que promociona el desabastecimiento en contra del control de precios. Si aplicáramos el etiquetado frontal de alimentos a muchos de la oposición les aparecía en la frente Molinos del Río de la Plata o Molinos Cañuelas”, desafió Leonardo Grosso.

Para no quedar pegados a esos discursos, los cambiemistas que votaron a favor, casi como protocolo, iniciaron su discurso despejando cualquier duda sobre la honorabilidad de sus pares que lo hacían en contra, entre quienes estuvieron nada menos que el jefe del PRO Cristian Ritondo y algunos de sus dirigidos como Dina Rezinovsky, Álvaro González, Ezequiel Fernández Langan, Juan Aicega y Fernando Iglesias, quien le respondió a Grosso con citas a Lázaro Báez. “Esas son las empresas que les gusta al kirchnerismo”.

La sorpresa de la tarde fue el voto favorable de los tucumanos del Frente de Todos, encabezados por Pablo Yedlin, quien no había firmado el dictamen en comisión por tratarse de una provincia azucarera. Sólo advirtió sobre los parámetros excesivos de la OPS, que Lampreabe minimizó.

Otro fundamento a favor de la ley fue el alto índice de sobrepeso infantil por mala alimentación. “El 66 por ciento de la población tiene sobrepeso. El 32, obesidad. 42 por ciento presión alta y el 30 por ciento colesterol elevado. El 41 por ciento de los chicos de entre 5 y 17 y el 13,5 de los menores de 5 años tiene sobrepeso”, apuntó Moreau.

Lampreabe y su par Eduardo Fernández advirtieron además sobre la concentración de oferta de alimentos como una de las complicaciones para aplicar la ley. “Una sola empresa fabrica 80% de embutidos. Una láctea el 80% de los yogures y postres. Otras dos el 98% de las bebidas, 3 el 89% de aguas y 2 los jugos concentrados”, describió la diputada. Mónica Macha, del oficialismo, destacó que una alimentación saludable puede ser además un alivio para el sistema de salud que atiende las enfermedades derivadas de comer mal.

El radical Alejandro Cacace fue uno de los que empujó la ley y festejó la sanción. “Hay una clarísima y abundante evidencia que marca la relación entre el incremento de los alimentos procesados y ultraprocesados con ese fenómeno de la obesidad y exceso de peso y la relación que tiene con las enfermedades no transmisibles, con la prevalencia de las enfermedades cardíacas, respiratorias, el cáncer y la diabetes. ¿Entonces qué estamos esperando para regular esta problemática de salud?”, se preguntó.

Fuente: La Política Online