Centrales termoeléctricas: fiscal pidió la indagatoria de Javier Iguacel

El fiscal Ramiro Gonzalez pidió la indagatoria de ex altos funcionarios del macrismo, entre ellos el exministro de Energía Javier Iguacel y ex Secretario de Gobierno de Energía del Ministerio de Hacienda Gustavo Lopetegui por la venta a precio vil en perjuicio del Estado, de dos centrales termoeléctricas, “Ensenada de Barragán” y “Brigadier López”. Se calcula un daño patrimonial que supera los 300 millones de dólares.
También pidió indagar a exfuncionarios de IEASA, la empresa Integración Energética Argentina Sociedad Anónima ante el presunto perjuicio patrimonial que habría sufrido como resultado de la venta de las centrales termoeléctricas. Las indagatorias son por el delito de peculado.
 

La fiscalía formuló el requerimiento para ampliar la investigación tras un planteo de la querellante IEASA, que aportó información sobre una serie de modificaciones en los pliegos de las licitaciones para la venta de las centrales a “amigos” del macrismo, que fue receptada por el fiscal.

La denuncia original fue realizada a fines de 2018 por un grupo de diputados del Frente de Todos encabezados por Rodolfo Tailhade por la venta a ”precio vil”, inferior al de sus construcciones, de las centrales térmicas Brigadier López y Ensenada Barragán, en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, respectivamente, que "ocasionó una pérdida multimillonaria en dólares al Estado Nacional".

Los denunciantes señalaron que las centrales habían sido tasadas en poco más de 300 millones de dólares en el caso de Ensenada de Barragán y 217 millones Brigadier López, pero se adjudicaron en mucho menos de su valor, la primera al grupo Pampa-YPF y la segunda a Central Puerto.

En un dictamen el fiscal Ramiro Gonzalez sostuvo que mediante el presente dictamen no se cuestiona la decisión de enajenar las Centrales Ensenada de Barragán y Brigadier López, “lo que se reprocha es que se haya hecho en perjuicio de los intereses económicos del Estado Nacional, ya que se vendieron por cifras muy por debajo de sus valores patrimoniales”.

Recordó en ese sentido, que los funcionarios públicos apuntados “eran quienes debían velar por esas centrales térmicas”.

Según el pedido de indagatorias, y a fin de cuantificar el daño patrimonial que ocasionaron las conductas de los funcionarios públicos imputados, indicó que las desvalorizaciones de las centrales fueron de $12.407.024.000 al 2018.

“Asimismo, a fin de no perder valor por modificación del tipo de cambio e inflación, y teniendo en cuenta en que moneda se encontraban los pliegos de venta, corresponde determinar el monto del perjuicio en dólares al 2018. En este sentido, el tipo de cambio al 31/12/18 era de $36.8 por U$S1 comprador. En consecuencia, el daño patrimonial sería de U$S 337.147.391,30”.

Para el fiscal, las “modificaciones a los pliegos fueron en detrimento de los intereses que estaban llamados a custodiar las autoridades que hicieron esos cambios”.

Tampoco fueron actualizando la deuda que se iba cancelando, “lo que conllevaba el aumento del valor de las centrales que nunca fue reflejado en los distintos pliegos”.

Además de todas las circunstancias hay una que no encuentra explicación en el trámite de la licitación ni siquiera fue mencionada.

“¿Por qué motivo no se estableció el pago por el total de las centrales en los pliegos licitatorios? ¿Por qué motivo se traspasó la financiación de las centrales que había realizado el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES a las empresas que ganaran las licitaciones, cambiando simplemente el financista (sale FGS ingresa IEASA)? Recordemos que la posibilidad que tuvo IEASA de financiar a los compradores de las centrales fue por el dinero que le ingreso a IEASA por la venta de esas centrales”, se preguntó el fiscal.

Los valores manejados por la fiscalía: El valor de tasación de la Central Brigadier López era, conforme el trabajo realizado por el Tribunal de Tasación de la Nación, de U$S 407.848.000. Pero se terminó pagando un monto en efectivo de U$S 155.332.500 y un monto variable de U$S 10.100.000 (que sería integrado mediante la cesión de Liquidaciones de Venta con Fecha de Vencimiento a Definir) que todavía no fue abonado. Y IEASA financió U$S 154.687.266,26.

La Central Ensenada de Barragán fue tasada, conforme el trabajo realizado por el Tribunal de Tasación de la Nación, en U$S 688.347.000. Se pagó solamente U$S 229.429.500 y IEASA financió U$S 282.572.432,23.

En consecuencia, si vemos que por Brigadier López se abonó y financió por un total de U$S 320.109.766,26, es decir lo pagado representa el 78,48% del valor de tasación. Ahora si vemos lo que realmente se abonó para su compra (U$S 155.332.500), esa cifra representa el 38,08% del valor de tasación, explicó el fiscal.

En Ensenada de Barragán pasa algo similar, se abonó y financió por un total de U$S 512.001.932,23, lo que representa el 74,38% del valor de tasación. Pero si se ve lo que realmente se pagó (U$S 229.429.500) representa el 33,33% del valor de tasación.

Según la denuncia original, las irregularidades fueron en la venta de centrales termoeléctricas de la empresa estatal al grupo conformado por YPF y Pampa Energía y a Central Puerto, del empresario amigo de Macri, Nicolás Caputo.

El diputado Taihade en su momento denunció además a Macri, al ex ministro de Energía Juan José Aranguren, a Ángelo Calcaterra, quien actuó en el consorcio ISOLUX e IECSA; Hugo Balboa, ex Presidente de ENARSA; Mario Dell’Acqua, ex Presidente de IEASA; y los responsables de las firmas Pampa Cogeneración y Central Puerto, quienes fueron adjudicatarias de las licitaciones por las ventas de las centrales termoeléctricas.

El fiscal pidió la indagatoria de Lopetegui e Iguacel y también de Mario Agustín Dell´Acqua, Luis Eduardo Pintos, Daniel Gustavo Minenna, Claudia Liliana Mundo, Carolina Calcagno, Mario Ricardo Thiem y Alejandro Martín Fontan Balestra, todos por peculado. previsto y reprimido en el art. 261, primer párrafo, del Codigo Penal.