En una ciudad donde casi la mitad de la población vive en condiciones de pobreza, el Gobernador y el Intendente de la capital provincial afirman que el mayor problema que enfrentan es el de la seguridad. Sin embargo, sus acciones demuestran que tienen otras prioridades más alineadas con los intereses de ciertos sectores económicos que con las necesidades de la mayoría de los santafesinos.
Editoriales - #NuestraMirada26/01/2024
La Mecha Encendida
El Gobernador se dedica a hacer lobby en Buenos Aires para defender los intereses de “algunos” santafesinos, especialmente los representados por la Bolsa de Comercio de Rosario y las entidades del agro, que son los principales beneficiarios de la producción y exportación de granos y oleaginosas. Estos sectores han sido históricamente favorecidos por las políticas fiscales y cambiarias del gobierno nacional, que les han permitido acumular grandes ganancias a costa del empobrecimiento de otros sectores productivos y sociales.
El Gobernador se escuda en el discurso de defender la producción de Santa Fe, pero en realidad defiende la renta de unos pocos.
Mientras tanto, el Intendente de la capital provincial se muestra como un gestor eficiente y moderno, que busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con obras públicas y servicios. Sin embargo, su gestión se basa en una visita a Buenos Aires para hacer lobby buscando respaldar el sistema de transporte y pedir obra pública a un gobierno que sobre la frase "No hay Plata" enarbola una bandera.
La respuesta al intendente desde Nación es tan etérea como significante, "se comprometieron en seguir en contacto para conseguir los fondos necesarios para las obras”
Ambos funcionarios, el Gobernador y el Intendente, tienen una actitud complaciente y cómplice con el gobierno nacional, que ha implementado una serie de medidas que atentan contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, tanto del sector público como del privado. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la Ley Ómnibus, busca aprobación en el Congreso con el apoyo de los legisladores de Santa Fe, buscan arrasar, entre otras cosas, con los derechos laborales, previsionales, sanitarios y educativos de la población.
Estas medidas generan más pobreza, más desempleo, más precarización y más violencia. El acuerdo explicitado por los medios entre Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, para pagar salarios estatales no teniendo en cuenta la inflación sino los ingresos, no es casual: la paritaria docente es el principio del conflicto. Los gobiernos provinciales pretenden ajustar el gasto público a costa de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, que son los que sostienen el sistema educativo público y gratuito.
Estas son las acciones que van marcando una impronta para gobernar. Una impronta que privilegia los intereses de unos pocos por sobre los derechos de la mayoría.
Una impronta que profundiza las brechas sociales, económicas y territoriales. Una impronta que nos condena a un futuro de más pobreza, más desigualdad y más violencia. Así estamos. Así nos quieren. Así no podemos seguir.
La disolución de la Dirección Nacional de Vialidad no sólo es un golpe directo a la infraestructura pública del país. Es, ante todo, una muestra contundente de cómo se construye la agenda informativa y política desde una mirada empresarial, en detrimento de los trabajadores.
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La historia que nos cuentan no representa a los de abajo, sino a quienes controlan la narrativa. Recordar este acto es reivindicar la lucha por una soberanía real, económica y popular.
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Un estudio nacional revela que solo uno de cada ocho trabajadores utiliza la IA de modo regular, y casi la mitad considera que su empresa está retrasada en su implementación.
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