Cuando jueces y fiscales trabajan para las mineras: persecución a asambleístas por defender el agua

Cinco vecinos y vecinas de Chubut quedaron a un paso de un juicio oral por manifestarse contra la megaminería. Un día antes de la prescripción de la causa, el fiscal federal Fernando Gelvez solicitó la elevación a juicio al juez Ricardo Sastre, quien deberá decidir si avanza o rechaza el pedido. La criminalización como herramienta del modelo extractivo.

Nacionales 31/10/2023 REDACCIÓN LME

Cinco asambleístas de Chubut quedaron a un paso de ser llevados a juicio oral por haber realizado un corte pacífico en la Ruta nacional 3 en mayo de 2021, cuando la Legislatura provincial rechazó sin tratamiento el proyecto de Iniciativa Popular, que con el aval de 30.000 firmas de vecinos y vecinas solicitaba la prohibición de la megaminería en todo el territorio chubutense. El fiscal federal Fernando Gelvez pidió la elevación a juicio oral un día antes de que la causa prescribiera. Los procesamientos son por el artículo 194 del Código Penal, por entorpecer el transporte público, una figura utilizada en todo el país para perseguir el derecho a la protesta. “Hay un proceso muy grande de criminalización de la protesta, además de la represión, para meter miedo a la población e imponer el plan extractivo”, denuncia Santiago Vasconcelos, uno de los procesados e integrante de la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn.  

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Los procesados son militantes ambientales de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut, vecinos y vecinas de Puerto Madryn, Trelew y Rawson: Noelia Silva, Andrea Leonett, Diego Oria, Matías Crespo y Vasconcelos, quien también es militante del Partido Obrero y diputado provincial electo por el FIT en las recientes elecciones provinciales. “La Legislatura que rechazó la Iniciativa Popular, y que se valió de la represión y el Poder Judicial para avanzar sobre los vecinos que luchamos, va a tener que recibir a un procesado por luchar en la Cámara de diputados provincial”, contrapone Vasconcelos, en diálogo, ante la dura noticia que recibieron el jueves pasado con la notificación judicial.

El 6 de mayo de 2021, el gobernador saliente de Chubut —y parlamentario del Mercosur electo por Unión por la Patria—, Mariano Arcioni, lograba su objetivo de rechazar, sin tratamiento, la Iniciativa Popular impulsada por las asambleas ciudadanas de Chubut. A pesar de las 30.000 firmas reunidas, una comisión de la Legislatura emitió un dictamen de rechazo y en 24 horas lo llevó al recinto para que sea aprobado. Los asambleístas se manifestaron primero frente a la Legislatura y, una vez aprobado el rechazo, las protestas se multiplicaron por toda la provincia: las asambleas de Esquel y Trevelin ocuparon pacíficamente los edificios municipales, en La Comarca Andina se mantuvieron cortes sobre la Ruta 40 y en la costa atlántica sobre la Ruta 3.

“Las protestas fueron la respuesta del pueblo de Chubut al bastardeo por parte de la Legislatura provincial de ni siquiera tratar la Iniciativa Popular sino desestimarla con una moción de rechazo. Sabíamos que lo querían hacer era tener las manos libres para tratar la zonificación minera, algo que terminaron haciendo en diciembre de ese año”, recuerda Vasconcelos. La respuesta popular de diciembre de 2021, recordada como el “Chubutazo”, volvió a darle la razón a los asambleístas. 

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La causa que el fiscal Gelvez pidió elevar a juicio la semana pasada se armó sobre la Ruta 3, en el acceso norte a la ciudad de Trelew. Allí, un centenar de vecinos, vecinas y asambleístas mantuvieron un corte parcial de la Ruta 3 desde el 6 de mayo hasta la madrugada del 9 de mayo, cuando un operativo de la Policía de Chubut llegó a desalojarlos en medio de un apagón eléctrico sobre la ruta. Por tratarse de una ruta nacional, la causa quedó en manos del juez federal Gustavo Lleral —el mismo que sigue a cargo de la investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado—. 

En el inicio, la causa tenía 23 acusados, luego se procesaron a 16, pero en septiembre pasado la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia consideró la falta de mérito para once de los procesados y mantuvo las imputaciones sobre los cinco que ahora el fiscal Gelvez solicita la elevación a juicio oral. La última notificación llegó con la firma del juez federal Ricardo Sastre como subrogante, y será el que defina el último paso. 

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