La Mecha EncendidaLa Plaza de los Dos Congresos vuelve este jueves a ser el epicentro del rechazo popular al modelo económico de Javier Milei. Una heterogénea multisectorial que reune a la comunidad universitaria, organizaciones campesinas, coloctivos de la discapacidad, centrales obreras y movimientos sociales se moviliza masivamente con dos consignas de fondo: la defensa irrestricta de la universidad pública y la aplicación efectiva de la Ley de Tierras.
El reclamo universitario llega al punto de ebullición en su Quinta Marcha Federal, tras la apelación gubernamental número nueve contra los fallos judiciales que le ordenan transferir los recursos presupuestarios. “Desde la asunción de Milei, las transferencias al sistema cayeron a la mitad y las instituciones funcionan al límite de sus capacidades”, advirtió Franco Bartolacci, titular del CIN. La comunidad educativa exige que el Presupuesto 2027 garantice los fondos establecidos por ley y frene el ahogo salarial.
Otro de los ejes de la movilización frente al Congreso será el pedido de derogación del DNU 70/23, que ya fue rechazado por el Senado y cuyo tratamiento en Diputados dependerá de que la oposición consiga el quórum necesario. El decreto modificó distintas áreas, entre ellas el régimen de alquileres y la Ley de Tierras Rurales.
Este martes, la Confederación General del Trabajo (CGT) se sumó a la convocatoria a la marcha universitaria y se sumó a las dos CTA. «Marchamos junto a la comunidad educativa porque la universidad pública es un derecho inapelable en la construcción de un futuro con dignidad y oportunidades para todos y todas», señaló la confederación obrera.
De la convocatoria también participarán dirigentes del peronismo, de la izquierda y otras fuerzas opositoras, así como organizaciones de personas con discapacidad, trabajadores rurales, ambientalistas, inquilinos y movimientos sociales, con reclamos vinculados al financiamiento, los derechos sociales y las consecuencias del ajuste.
El frente rural e indígena moviliza para exigir que se respete la plena vigencia de la Ley de Tierras eliminada por el decreto de Milei, y recientemente vuelta a eliminar y luego restituida por los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La UTEP y comunidades originarias denuncian el freno intencional a los relevamientos territoriales, el abandono de las familias de quinteros a las especulaciones del mercado y el desmonte de las obras básicas en barrios populares.
El objetivo político será inclinar la balanza en la Cámara de Diputados para alcanzar el quórum y enterrar definitivamente el DNU 70/23.
