El gobierno usa un fallo de la CIDH como excusa para intentar enviar a Milagro Sala a la cárcel común

Hace días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos levantó las medidas cautelares que la protegían desde 2017, al considerar que el Estado argentino garantiza sus tratamientos y traslados. Sin embargo, el organismo regional dejó una advertencia clara: esa decisión no habilita ningún retroceso en las condiciones actuales de protección. Pese a ello, el gobierno nacional intenta forzar esa lectura para enviar a Sala a una cárcel común, una movida que sus abogados y organizaciones de Derechos Humanos califican como un intento directo de poner en riesgo su vida.

"La quieren ver muerta y estamos dando una batalla para que no la maten", denunció su médico, Jorge Rachid, en una conferencia de prensa tras conocerse la resolución de la CIDH. El estado de salud de Milagro Sala es extremadamente delicado: permanece en cama, casi no se levanta ni come, y en las últimas semanas debió ser internada de urgencia en varias ocasiones por representar un riesgo cierto e inminente para su vida. El hostigamiento judicial, que incluyó el envío de comisiones de fiscales y médicos desde Jujuy para intentar indagarla y abrir nuevas causas, agravó aún más su condición.

El fallo de la CIDH, publicado el 3 de julio, fue la respuesta a un pedido del gobierno argentino que buscaba precisamente el levantamiento de las medidas para concretar el traslado a una prisión común. Pero la Corte fue clara al señalar que "el levantamiento de las presentes medidas no debe entenderse como una habilitación para revertir, sin justificación, las condiciones internas de protección actualmente existentes". En otras palabras, cualquier intento de sacarla de su prisión domiciliaria o de alterar el tratamiento que la mantiene con vida sería una violación directa a lo establecido por el organismo, y podría reabrir la vía de las medidas cautelares.

El equipo de abogados de Sala enfatizó este punto en un comunicado: "Cualquier intento de trasladar a Milagro a un establecimiento penitenciario o de alejarla del tratamiento que hoy la sostiene sería contrario a lo que la CIDH estableció y comprometería directamente su vida". Y recordaron que la propia Corte advirtió que, si esas condiciones fueran revertidas, el sistema interamericano volvería a quedar abierto para protegerla.

La historia de persecución contra Milagro Sala comenzó el 16 de enero de 2016, cuando fue detenida durante un acampe de la Tupac Amaru, la organización social que lideraba, para pedir una reunión al entonces gobernador Gerardo Morales. Desde entonces, acumuló condenas y prisiones preventivas extendidas sin garantías del debido proceso. En 2022, la Corte Suprema de Justicia convalidó todo el proceso con un fallo que unificó las penas. La CIDH había ordenado en 2017 que cumpliera la prisión preventiva en su casa debido a la gravedad de su estado de salud.

Con la llegada del gobierno libertario en 2024, la presión se intensificó. El oficialismo realizó dos presentaciones ante la CIDH para reclamar el fin de la protección, argumentando supuestos incumplimientos de su prisión domiciliaria. Ahora, con el levantamiento parcial de las cautelares, intentan dar el paso final para encerrarla en una cárcel común. Pero organizaciones como la APDH, que realizaron una conferencia en el auditorio de ATE, advierten que el cuerpo de Milagro ya no da más. María Elena Naddeo, secretaria general de la APDH, fue contundente: "No sabemos más qué hacer. El cuerpo de Milagro está diciéndonos que no da más. Hoy se quiere dejar morir y no lo podemos permitir. Por eso reclamamos con urgencia su libertad".