La Mecha EncendidaEl control de velocidad a través de foto multas ingresó en una etapa de profunda revisión institucional y jurídica en todo el territorio argentino. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmó el hallazgo de 152 radares fijos que operaban de manera ilegal en diferentes corredores nacionales al carecer de la correspondiente autorización federal para labrar infracciones. La fiscalización, que abarcó un minucioso relevamiento de más de 40.000 kilómetros de rutas a lo largo del año, dejó al descubierto severas inconsistencias regulatorias y disparó un fuerte cruce de competencias entre los organismos estatales, las provincias y los municipios.
Al inicio de los procedimientos de auditoría, los registros oficiales de la ANSV computaban un total de 526 cinemómetros autorizados para funcionar en el país, compuestos por 363 dispositivos fijos y 163 unidades móviles. Sin embargo, el cruce de datos en terreno arrojó sorpresas: el personal de metrología vial constató que solo 239 equipos fijos estaban operativos en los puestos asignados, mientras que otros 124 aparatos directamente no fueron hallados en los sitios declarados. Ante este confuso escenario, la entidad nacional procedió a intimar a los gobiernos locales para que regularicen de forma inmediata las verificaciones técnicas vencidas y ordenó el cese de utilización junto con el retiro urgente de aquellos dispositivos instalados que no cuenten con los permisos federales pertinentes.
Esta ofensiva nacional para ordenar el sistema de control vehicular impactó de lleno en la provincia de Santa Fe, reactivando una histórica discusión en la región sobre las competencias jurisdiccionales. El foco del conflicto local se concentra en el radar ubicado sobre la Ruta Nacional 168, un corredor de alto tránsito diario que conecta a la capital santafesina con la zona de Colastiné, San José del Rincón y la vecina provincia de Entre Ríos. Vialidad Nacional envió una intimación formal al Gobierno de la Provincia de Santa Fe y a la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) exigiendo el retiro inmediato de dicho dispositivo, bajo el argumento técnico de que se encuentra instalado en la zona de camino de una traza bajo órbita federal sin la debida habilitación previa del organismo nacional.
A pesar de la presión legal impuesta desde Buenos Aires, las autoridades de la APSV salieron a defender firmemente la validez del radar y las multas confeccionadas. Desde la conducción de los organismos de seguridad vial santafesinos explicaron que, si bien el equipo está emplazado sobre el cantero central de una ruta nacional, el tramo en cuestión atraviesa un tejido urbano y responde a convenios de colaboración preexistentes. Los funcionarios locales argumentaron que el cinemómetro cumple con todas las homologaciones técnicas exigidas por la Secretaría de Comercio de la Nación y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), por lo que sostienen que la fiscalización de velocidad allí realizada es legítima y que el dispositivo continuará operativo para prevenir siniestros viales.
El debate de fondo plantea una encrucijada legal respecto de qué normativa debe prevalecer en estos puntos de contacto interjurisdiccionales. Mientras la ANSV y Vialidad Nacional se respaldan en la Ley Nacional 26.363, el Decreto 1716/2008 y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia —que ratificó la invalidez de multas locales en rutas nacionales en fallos como el de la municipalidad rionegrina de Darwin—, las provincias invocan sus facultades autonómicas en materia de policía de seguridad vial. En medio de esta puja técnica, los especialistas recuerdan a los automovilistas que para que una foto multa sea considerada legal debe consignar de forma obligatoria la marca, modelo y número de serie del radar, la disposición de autorización de la ANSV, la calibración anual vigente del INTI y los datos específicos del operador habilitado.
