La Mecha EncendidaLa presentación, impulsada por la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional, se tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 7 de Comodoro Py.
Según el escrito, se habrían retenido y desviado aproximadamente 400.000 millones de pesos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos, recursos que por ley deben destinarse de forma exclusiva al fideicomiso de infraestructura vial.
Acusaciones centrales. Los denunciantes sostienen que estos fondos fueron utilizados para financiar al Tesoro Nacional mediante la compra de títulos públicos, en lugar de transferirse automáticamente al organismo vial.
Como consecuencia, Vialidad Nacional acumuló una deuda interna equivalente al 90% de su presupuesto anual, lo que generó una parálisis operativa, el abandono de tareas de mantenimiento (bacheo, banquinas, señalización) y la interrupción de obras estratégicas, incluso aquellas con financiamiento internacional.
La denuncia también alerta sobre el deterioro acelerado de la red vial federal, que según los gremialistas multiplicará los costos futuros de reconstrucción y afecta directamente a corredores productivos clave del país, incluyendo el interior productivo como Entre Ríos.
Además del desvío de fondos, se apunta contra Sturzenegger por supuestas maniobras para justificar el achicamiento de la repartición.
Se lo acusa de haber falseado informes de gestión para avanzar en el desmembramiento institucional iniciado en 2024, con traslados compulsivos, intimaciones de jubilación y ceses sin sumario previo.
Los denunciantes describen un clima de hostigamiento laboral destinado a silenciar reclamos internos sobre malversación y abandono de rutas.
Repercusiones y próximos pasos. Ricardo Lasca, del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos y coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), afirmó que seguirán de cerca la causa y aportarán más información.
En paralelo, el Conaduv presentó en el Congreso un proyecto para crear una comisión de seguimiento del uso del impuesto a los combustibles.
La causa investiga posibles delitos de malversación de caudales públicos, defraudación a la administración, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. Hasta el momento, no se han conocido respuestas oficiales de los funcionarios denunciados.
