La Mecha EncendidaEl Gobierno de Javier Milei promulgó hoy la nueva Ley de Glaciares mientras crece el rechazo a la reforma que habilita la explotación minera en zonas que ponen en riesgo las reservas de agua dulce. Es por eso que hoy habrá una marcha de antorchas en el centro porteño que unirá ese reclamo con el del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario que el gobierno ultraderechista se niega a aplicar pese a la ratificación del Congreso. Por otra parte, la justicia federal de Río Gallegos hizo lugar a un pedido de amparo colectivo que suspende la aplicación de la ley de Glaciares en la provincia de Santa Cruz.
Sin objeción ni observación alguna, el Poder Ejecutivo promulgó este viernes la Ley N°27.804 que introduce modificaciones al régimen de protección de glaciares y ambientes peri glaciares. Entre ellas, la transferencia de competencias hacia las provincias donde --a partir de ahora-- cada una establecerá sus propios criterios técnicos para determinar qué cuerpos de hielo y áreas peri glaciares serán protegidos. O, por el contrario, sometidas a la práctica extractivista favorecida por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
A pesar de la decisión de la Casa Rosada, la norma genera resistencia de parte de organizaciones ambientalistas y movimientos ecologistas, así como del ámbito académico y científico. Este sábado por la tarde-noche se llevará a cabo una nueva marcha de antorchas en contra de la reforma. La convocatoria está prevista para este sábado las 18.30 horas en la esquina de Callao y Corrientes.
Las organizaciones ambientales han advertido del riesgo ecológico, ya que se trata de un cambio sustancial respecto de la ley original. Sancionada en 2010, la norma establecía la protección de esas áreas por tratarse de reservas únicas y, por lo tanto, restringía la posibilidad de su explotación. Especialmente, porque de habilitarse ahora la actividad minera en las zonas protegidas se pondría en peligro de contaminación a las reservas de agua potable, cuyos cursos atraviesan varias provincias y alcanzan a millones de personas por fuera del territorio de la jurisdicción provincial que habilite el proceso extractivista.
Entre los organizadores también está la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires porque la protesta también unirá el reclamo por la urgente implementación de la Ley de Financiamiento Universitario ante la preocupante situación económica que atraviesan las universidades públicas nacionales, profesores y personal no docente. Una normativa que el Gobierno libertario se niega a cumplir a pesar de ser aprobada y ratificada por el Congreso nacional y del emplazamiento judicial para aplicarla.
