La reforma laboral vuelve a aplicarse tras un fallo judicial

La reforma laboral aprobada por el Congreso volvió a entrar en vigencia luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocara la medida cautelar presentada por la CGT, que había suspendido la aplicación de más de 80 artículos. Con este fallo, el nuevo esquema normativo comienza a regir plenamente e impacta en aspectos centrales del mundo del trabajo.

Entre los cambios más relevantes, la normativa introduce nuevas herramientas para organizar la jornada laboral, redefine el cálculo de indemnizaciones y modifica el régimen de licencias, en un intento por flexibilizar las relaciones laborales y actualizar el marco legal.

Uno de los ejes de la reforma es la incorporación del banco de horas, que habilita acuerdos entre empleadores y trabajadores para compensar horas extras. Estos convenios deben formalizarse por escrito y respetar límites establecidos, como un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas.

El sistema permite alternar períodos de mayor carga horaria con otros más reducidos, ya sea mediante horas extra, francos compensatorios o esquemas mixtos. Además, puede contar con la intervención de los sindicatos y no debe superar los topes legales o los fijados en convenios colectivos.

En relación con las vacaciones, se mantiene el período habitual de otorgamiento entre octubre y abril, aunque ahora se habilita la posibilidad de acordar fechas fuera de ese rango.

La reforma también permite dividir las vacaciones en tramos, siempre que cada uno tenga una duración mínima de siete días corridos. A su vez, cuando las licencias se organizan de forma escalonada dentro de una empresa, se establece que cada trabajador deberá acceder a vacaciones en temporada de verano al menos una vez cada tres años.

Otro punto clave es la modificación en el cálculo de las indemnizaciones por despido sin causa. A partir de ahora, se tomará como base únicamente la remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo conceptos como el aguinaldo o las vacaciones.

La ley también fija que la indemnización será la única compensación por despido y establece un nuevo mecanismo de actualización de créditos laborales, que se ajustarán por inflación (IPC) más un 3 % anual.

En paralelo, se incorpora el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir los costos de desvinculación, financiado con aportes mensuales de los empleadores.

Asimismo, se habilita la creación de fondos de cese laboral a través de convenios colectivos. En este esquema, similar a un sistema de capitalización, el empleador realiza aportes periódicos y el trabajador accede al monto acumulado al finalizar la relación laboral, en reemplazo de la indemnización tradicional.

La reforma también introduce modificaciones en la ejecución de sentencias judiciales. Las grandes empresas podrán pagar condenas firmes en hasta seis cuotas mensuales, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas tendrán un plazo de hasta doce cuotas.

Entre otros puntos, se amplía el período de prueba a seis meses para la mayoría de los trabajadores, con la posibilidad de extenderlo hasta ocho meses en empresas de menor tamaño. Durante ese tiempo, la relación puede finalizarse sin indemnización, aunque con obligación de registro y aportes.

Por otro lado, se eliminan las multas por empleo no registrado previstas en la Ley 24.013. En su lugar, se implementa un esquema de incentivos para la regularización laboral: quienes blanqueen trabajadores no serán sancionados, pero deberán abonar las deudas salariales y previsionales correspondientes.

Finalmente, la normativa impulsa la digitalización del sistema laboral. El registro ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será suficiente, los libros laborales podrán llevarse en formato digital y deberán conservarse durante diez años.

Además, se establece que el pago de salarios deberá realizarse exclusivamente a través de medios bancarios o entidades oficiales, consolidando la formalización de las relaciones laborales.

Con estos cambios, la reforma laboral vuelve a escena y abre una nueva etapa en el mercado de trabajo argentino, con impacto directo tanto en empleadores como en trabajadores.