La Mecha EncendidaEl tema será abordado por primera vez en 50 años y va a sentar un precedente muy importante en material judicial. Julia Giordano, parte del equipo de abogados querellantes, explicó que "la causa marca un hito en la justicia argentina al poner el foco, por primera vez en décadas, en el desamparo al que fueron sometidos niños y niñas tras el secuestro de sus padres durante el terrorismo de Estado".
Asimismo, indicó que "este proceso busca dar respuesta a las vivencias específicas de las infancias en aquel periodo". El delito de abandono: A diferencia de otros juicios, esta causa aborda el "delito de abandono", relacionado con relatos de niños de entre 1 y 15 años que, tras el secuestro de sus progenitores, quedaron totalmente a su suerte.
Según Giordano, las formas de este plan dictatorial fueron variadas: "desde los delitos más terribles de la apropiación... hasta relatos de total abandono, relatos de dejarlos con un vecino, relatos de llevarlos directamente a un hogar de huérfanos".
La abogada subraya la importancia de este encuadre legal: "Tenemos no solamente la convicción de los hechos que sucedieron, sino también la convicción de que se trató, por supuesto, de un delito y un delito que debe ser juzgado en este marco del plan sistemático".
El caso de la familia Páez: Uno de los testimonios centrales es el de Mónica Páez, quien a los 12 años quedó a cargo de sus hermanos (incluyendo uno de apenas un año) tras el secuestro de sus padres y su hermano mayor. Giordano relata que los niños "quedaron abandonados en su hogar, debiendo trabajar para sostenerse en el día a día... en una situación muy dificultosa" antes de terminar en un hogar de huérfanos.
Responsables y expectativas: Los imputados en esta causa son Farbelotti, Ruli y Brusa. Giordanoo es clara al señalar la autoría: "Los responsables de estos abandonos son las mismas personas a quienes hemos indicado como responsables de las detenciones de los secuestros".
Se trataba de operativos coactivos donde se diezmaba a familias enteras para dar con dirigentes políticos. El juicio, que adelantó su inicio para el 28 de abril, se desarrollará con una frecuencia de dos días por semana con el fin de agilizar el proceso. La querella espera que la sentencia pueda dictarse hacia el mes de junio, permitiendo que finalmente "puedan tener una respuesta las víctimas".
