La Mecha EncendidaEn una nueva jornada de protestas contra los recortes a las jubilaciones impulsados por el gobierno de Javier Milei, las fuerzas de seguridad reprimieron con gases lacrimógenos y balas de goma a cientos de jubilados que se concentraban en la Plaza de Mayo. El operativo, ordenado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, dejó un saldo de al menos 15 personas heridas –incluyendo tres en estado grave– y dos detenidos, según denuncias de las organizaciones sindicales y de derechos humanos presentes en el lugar.
La manifestación, convocada por agrupaciones como la Corriente Federal de Jubilados y Pensionados (CFJyP) y el Centro de Jubilados y Pensionados de la República Argentina (COJUPRA), comenzó alrededor de las 14 horas en las inmediaciones de la Casa Rosada. Los retirees exigían la derogación de los vetos presidenciales a las leyes de actualización de haberes y un bono de emergencia para paliar la inflación que supera el 250% anual. Los manifestantes portaban carteles con lemas como "Jubilados no somos mendigos" y "Bullrich represora", en alusión a las múltiples intervenciones policiales ocurridas en las últimas semanas.
Testigos oculares relataron que la tensión escaló cuando un grupo de policías federales y de la Ciudad de Buenos Aires avanzó sobre la multitud con escudos y vehículos hidrantes, sin mediar diálogo previo. "Estábamos pacificamente reclamando nuestros derechos cuando empezaron a tirarnos gases a la cara. Vi a una señora de 78 años caer al suelo, asfixiada", contó María Elena Gómez, una de las heridos leves, en declaraciones a medios locales. El jubilado Víctor López, de 72 años, fue uno de los detenidos tras ser arrastrado por efectivos mientras filmaba la escena con su teléfono.
Este episodio se suma a una serie de represiones similares en los últimos meses. Apenas ayer, miércoles 1 de octubre, una marcha de jubilados frente al Congreso Nacional terminó con diez heridos y un detenido, tras el uso de gas pimienta y balas de goma por parte de la Policía Federal. En julio pasado, otra movilización en la misma Plaza de Mayo requirió un fuerte operativo policial, aunque sin incidentes mayores reportados en ese momento. Organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional han calificado estas acciones como "desproporcionadas y violatorias de los derechos humanos", exigiendo una investigación independiente.
Desde el gobierno, fuentes del Ministerio de Seguridad defendieron el despliegue como "necesario para garantizar el orden público y evitar bloqueos", aplicando el controvertido Protocolo Antipiquetes. Sin embargo, la oposición y los sindicatos han anunciado que intensificarán las protestas semanales, con una nueva concentración prevista para el próximo miércoles en el Congreso.
